“E n esta zona, no sé por qué haya vacas, o sea, los terrenos son malos… nuestras tierras son malas”, expresa un ganadero lechero en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco^[1]. En estas tierras, en 2023, San Juan de los Lagos tuvo la segunda mayor producción de leche bovina en Jalisco, con 284 millones de litros^[2]. Jalisco, a su vez, es el estado de mayor producción de leche en México, con 21% de la producción en 2023, y dos-terceras partes de esa producción se dieron en los veinte municipios clasificados en la regionalización estatal como Altos Norte y Altos Sur. La principal cuenca de la región de Los Altos es la cuenca del río Verde y, por tanto, se ha visto en el centro del conflicto en torno a la Presa El Zapotillo.

Imagen: Ganado lechero en el municipio de San Julián. Crédito: Cindy McCulligh. Fecha: 18/sept/2023.

Más allá de las pugnas para extraer agua para León y el Área Metropolitana de Guadalajara con esta presa, esta plataforma de información se enfoca en analizar: ¿qué sucede con el acceso y uso del agua en Los Altos de Jalisco? Nos enfocamos en particular en dos temas:

1.Un patrón de acaparamiento de derechos de agua subterránea en el sector agropecuario; y

2. La existencia de riesgos para la salud pública por la presencia de contaminantes como fluoruros y arsénico en las fuentes de agua potable en algunos municipios de la región.

La Cuenca del río Verde en Jalisco es de pujante actividad agroindustrial y agropecuaria y es, al mismo tiempo, clasificada como una zona de muy alta vulnerabilidad al cambio climático^[3]. El 99.1% de la región Altos Norte es semiárida y con alto riesgo de sequía, una clasificación que se aplica al 40.6% de la región Altos Sur^[4].

Imagen: Río Verde en la comunidad de Acasico. Crédito: Loreto Irene Soto Rivas. Fecha: 03/jun/2023.

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De acuerdo con el INEGI, en 2020 los veinte municipios de Altos Norte y Altos Sur tenían una población de 829,313 habitantes, en donde el 57.3% reside en las cuatro ciudades medias de la región: Lagos de Moreno, Tepatitlán, Arandas y San Juan de los Lagos. En contraparte, municipios como Cañadas de Obregón, Jesús María, Mexticacán y Yahualica han perdido población en el periodo 2000-2020.

Figura 1: Población Los Altos, de 2000 a 2020

En la región convergen retos relacionados con la sobreexplotación de fuentes de agua subterránea, procesos de cambio climático, la intensificación de las actividades agroindustriales y agropecuarias, incluyendo la siembra masiva de agave, y la debilidad institucional para la prestación de los servicios municipales de agua y saneamiento, entre otros. Todo ello abona a obstaculizar la realización del derecho humano al agua de calidad y al saneamiento.

Imagen: Cultivo de agave en Lagos de Moreno. Crédito: Cindy McCulligh. Fecha: 17/jul/2024.

La región de Los Altos, y más específicamente la cuenca del río Verde, se ha visto en el centro del conflicto en torno a la Presa El Zapotillo, así como de intentos anteriores de construcción de presas sobre el río Verde, desde la década de los cuarenta.

Desde hace décadas la construcción de presas y obras de trasvase han sido detonantes de conflictos socioambientales en diversas regiones del país. En 2005, inició un conflicto en Los Altos en torno a la construcción de la Presa El Zapotillo, planeada para trasvasar 3.8 metros cúbicos por segundo (m³/s) de agua a la ciudad de León, Guanajuato, y abastecer 1.8 m³/s de agua a poblaciones de Los Altos. La presa, además, desplazaría a alrededor de mil habitantes de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

En 2007, se anunció la elevación de la altura planteada para la cortina de la presa, de 80 a 105 metros para proveer agua también al Área Metropolitana de Guadalajara. Con esto, se aumentaría la capacidad de almacenamiento de la presa de 411 a 911 millones de metros cúbicos.

Imagen: Toma simbólica de las obras de la Presa El Zapotillo, en el Tercer Encuentro Internacional de Afectados/as por las Presas en 2010. Crédito: Marco von Borstel. Fecha: 02/oct/2010

Imagen: Toma de la Presa El Zapotillo en 2011. Crédito: Marco von Borstel. Fecha: 28/mar/2011

Imagen: Toma simbólica de las obras de la Presa El Zapotillo, en el Tercer Encuentro Internacional de Afectados/as por las Presas en 2010. Crédito: Marco von Borstel. Fecha: 02/oct/2010

Imagen: VII Encuentro (MAPDER) Movimiento de Afectados Mexicanos por las Presas y en Defensa de los Ríos, Paso de la Reyna, Oaxaca. Crédito: Marco von Borstel. Fecha: 02/oct/10.

La oposición al proyecto se consolidó en 2008 con la formación del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que contó con la asesoría del Colectivo de Abogad@s y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC). La lucha se integró, además, a redes a nivel nacional e internacional como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) e International Rivers. Investigadores de la Universidad de Guadalajara y la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO) también han sido aliados importantes.

Imagen: Mural de la comunidad de Palmarejo. Crédito: Anahí Copitzy Gómez . Fecha: 29/oct/2022

En 2009, la empresa española FCC Construcción ganó la licitación para construir la presa, en conjunto con La Peninsular y el Grupos Hermes, ambas de Carlos Hank Rhon. Sin embargo, un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2013 sobre una controversia constitucional dejó la altura de la cortina en 80 metros, impidiendo su elevación a 105 m.

Imagen: Candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) visita a la comunidad Temacapulín en 2010. Crédito: Mario Marlo. Fecha: 16/abr/2010

Siendo candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador acudió a las comunidades amenazadas en tres ocasiones, prometiendo cancelar la presa de llegar a la presidencia. Con este antecedente, los líderes del movimiento en contra de la presa buscaron la interlocución con la administración de López Obrador desde 2019. Esto culminó en tres visitas del presidente e integrantes de su gabinete a Temacapulín entre agosto y noviembre de 2021.

Imagen: Inauguración de la presa El Zapotillo. Crédito: Anahí Copitzy Gómez. Fecha: 17/ago/2024

Después de la primera reunión, del 14 de agosto, se anunció la cancelación del acueducto Zapotillo-León, y con ello el suministro de agua para León. Al mismo tiempo, hubo el compromiso de respetar la decisión de los pueblos afectados sobre el futuro de la presa. Los subsecuentes diálogos, que involucraron a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), revisaron las opciones para operar la presa sin inundar los tres pueblos. En la última reunión, el 10 de noviembre, se presentaron 15 puntos del Plan de Justicia para la Reparación Integral de los daños de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Imagen: Construcción de las ventanas en la cortina de la presa El Zapotillo. Crédito: Anahí Copitzy Gómez. Fecha: 24/jun/2023

Imagen: Río Verde represado en la cortina de El Zapotillo. Crédito: Anahí Copitzy Gómez. Fecha: 31/ago/2022

Imagen: Vista superior desde la cortina de la presa El Zapotillo, en el lado izquierdo se encuentra el acueducto color azul y al fondo la planta de bombeo. Crédito: Cindy McCulligh. Fecha: 31/ago/2024

La vasta mayoría del agua usada en las actividades agropecuarias y urbanas en Los Altos es agua subterránea. Por lo tanto, antes de adentrarnos al análisis de la región, volteamos a algunos aspectos clave del manejo gubernamental del agua subterránea en México. Específicamente, repasamos cómo ciertas lógicas de mercado permean la estructura legal – y fomentan prácticas al margen de la ley – así como la incertidumbre que rodea toda la caracterización de los “acuíferos” en el país.

En México, una forma clara de mercantilización del agua la constituye el sistema de concesiones de extracción, que desde su diseño ha promovido la conformación de un mercado negro de concesiones. En sí, las concesiones de extracción otorgadas por la CONAGUA no son comerciables y su transmisión es regulada por la Ley de Aguas Nacionales (capítulo V). Sin embargo, las transmisiones de concesiones han proliferado bajo las vedas establecidas en diversas zonas del país, en donde la única manera de acceder a derechos para extraer agua es ser beneficiario de una transferencia (parcial o total) de los derechos de un tercero.

Las condiciones de escasez definidas por la autoridad bajo las declaratorias de veda, apoyadas por datos de dudosa calidad, generan las condiciones de rentabilidad de las transferencias que suelen ser de pequeños agricultores hacia industrias, inmobiliarias o la agricultura de gran escala.

Imagen: Título de concesión expedido por la Comisión Nacional del Agua. Crédito: CONAGUA.

Estudios y reportes recientes han analizado la concentración o acaparamiento de derechos de extracción en el país, un proceso que involucra tanto mecanismos legales como ilegales. De esta forma, en la práctica se privatizan los derechos al agua, con pagos ilícitos por las concesiones, aunque formalmente el agua continúa siendo un bien común como propiedad de la nación.

Todas las concesiones de extracción y desecho del agua se consignan en el Registro Público de Derechos de Agua (Repda), manejado por la Conagua, aunque con serios problemas que luego trataremos. Un análisis realizado en 2020 por Wilfrido Gómez Arias y Andrea Moctezuma identificó a 3,304 usuarios (empresas, personas físicas y asociaciones civiles) con concesiones de agua por un volumen de más de 1 millón de metros cúbicos anuales (Mm³/año). Estos “millonarios del agua” tienen concesionado un volumen total de 13,208 Mm³/año o “22.3% de toda el agua concesionada en el país, es decir, 1.1% de todos los usuarios explota más de una quinta parte del recurso hídrico nacional”^[6].

Imagen: Geomembrana, estanque de retención de agua. Crédito: Sofía Chávez. Fecha: 18/jul/2023

El rol y las prácticas de la Conagua cobra relevancia en este proceso, autoridad que centraliza muchas funciones en la gestión del agua en el país. Conagua define los límites y estado de los acuíferos, expide y en teoría regula las concesiones de extracción del agua.

Investigadores como Joel Carillo Rivera y Gonzalo Hatch-Kuri de la UNAM han cuestionado la manera en que la Conagua ha definido los acuíferos bajo criterios administrativos, al asignar límites que muchas veces coinciden ya sea con delimitaciones administrativas de municipios o estados o con cuencas superficiales. Al no tomar en cuenta la dinámica de los flujos de agua subterránea, afirman Carrillo Rivera y colegas, los acuíferos en México “son áreas imaginarias que están fuera de sus límites y naturaleza geológica, hidráulica, de vegetación y suelo; de la trayectoria, dimensión, velocidad y jerarquía de los sistemas de flujo de agua subterránea”^[7].

La falta de conocimiento certero de las aguas subterráneas se agudiza, además, por el nivel sumamente bajo de vigilancia de las extracciones reales y no sólo concesionadas, y la ausencia incluso de medidores en muchos pozos.

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Sobre estas “áreas imaginarias” se monta, además, otra ficción ahora aritmética, en forma de los cálculos de recarga y extracción para determinar la disponibilidad y clasificar a los acuíferos en estado de “sobreexplotación”. De acuerdo con la Conagua, un acuífero es clasificado como sobreexplotado si la relación entre extracción y recarga es mayor a 1.1 y, con este criterio, reporta para 2020 que 111 de los 653 acuíferos administrativos se consideran sobreexplotados, mientras sólo 378 se catalogan como con disponibilidad^[8]. Las cifras de la recarga han sido criticadas por su poca rigurosidad, las extracciones son estimadas y no medidas, y los cálculos no toman en cuenta, entre otros factores, la calidad del agua subterránea.

La política hídrica no ha frenado la extracción no sustentable del agua subterránea, en donde tampoco las vedas decretadas para grandes regiones del país han limitado ni las abstracciones o incluso la emisión de concesiones. Lo que sí ha generado es un mercado (ilegal) para la transferencia de concesiones que aumentan en valor bajo las condiciones oficiales de escasez y donde suelen ganar acceso al agua los actores de mayor poder económico.

Uno de los productos agropecuarios que destaca en la región es el huevo. En 2023, en Los Altos de Jalisco se dio el 48% de la producción nacional de huevo, con un valor de $41.7 mil millones de pesos (SIAP, 2023). La producción sumó 1.5 millones de toneladas. Sólo cinco municipios, Tepatitlán, San Juan de los Lagos, Acatic, Lagos de Moreno y Ojuelos de Jalisco, concentraron el 73% de la producción estatal.

Figura 2: Producción de huevo en Jalisco, 2006-2023

No sorprende, entonces, que la región es sede de algunas de las mayores empresas de huevo del país e incluso del mundo. La segunda mayor empresa global de huevo es Proteína Animal (PROAN), empresa de Manuel Romo Muñoz con sede en San Juan de los Lagos. Se reporta que para 2020 la empresa contaba con 36 millones de gallinas ponedoras. También basada en Los Altos, Empresas Guadalupe, de Benjamín Pérez de Anda, es la empresa número 19 de huevo a nivel global con 11 millones de gallinas ponedoras, mientras GENA Agropecuaria, de Carlos Enrique Ramírez Peña y con sede en Acatic, es la número 22 con 10 millones de gallinas ponedoras.

Foto: Caseta de gallinas ponedoras. Créditos: Creigpat, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons.

Otros de los mayores productores del país que se ubican en la región son Avícola y Porcícola de Los Altos (Aviporc), de José Asunción Ruiz Márquez, con 5.5 millones de ponedoras en 2020; El Chaparral (3.5 millones de gallinas), Avícola González González (3.0 millones), Impulsora Agropecuaria Santa Rosa (3.0 millones), Agropecuaria Sanfandila (2.5 millones), y Unión Tepatitlán (2.5 millones)^[9]. Sin ser dominante a nivel nacional, Jalisco fue el segundo mayor productor de carne de ave con el 11.4% en 2022 (557 mil toneladas), con el 60.2% de esta producción en Los Altos.

Imagen: Granja porcina en el municipio de Valle de Guadalupe. Crédito: Eduardo Ventura. Fecha: 15/jun/2024.

Jalisco es además líder en la producción de carne de cerdo, acumulando en 2023 el 23% de la producción nacional, seguido por Sonora, Puebla, y Yucatán. Esa producción estatal, valorada en 2023 en $22.4 mil millones de pesos, se ha ido concentrando cada vez más en Los Altos, que producía el 49% en 2006 y el 68% en 2023. Nuevamente destacan cinco municipios: la producción en San Juan de los Lagos, Tepatitlán, Arandas, Acatic, y Lagos de Moreno sumó 243 mil toneladas de las 412 producidas en el estado en 2023. Algunos de los grandes productores de la región son GENA Agropecuaria, PROAN, Posta El Cuatro, y Aviporc.

Figura 3: Producción de carne de cerdo en canal 2023

Figura 4: Producción de carne de cerdo en Jalisco, 2006-2023 (en canal)

Llegó la empresa suiza Nestlé a Los Altos en 1945, seguido en la década de los sesenta por la empresa Sello Rojo y después La Pureza, contribuyendo al desarrollo de la región como cuenca lechera. Jalisco es el primer estado productor de leche con 21% en 2023 (2.8 mil millones de litros), valorado en $23.8 mil millones de pesos. Dos-terceras partes de esa producción se dio en Los Altos, con poco más de la mitad de la producción estatal en los municipios de Tepatitlán, San Juan de los Lagos, San Miguel El Alto, Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz y Arandas.

Imagen: Sala de ordeño lineal en el municipio de San Juan de los Lagos. Crédito: Eduardo Ventura. Fecha: 04/jul/2023.

Figura 5: Producción de leche en Jalisco, 2006-2023

Imagen: Establos de ganado de engorde en Los Altos. Crédito: Jorge Alberto Cruz. Fecha: 17/jul/2024.

En términos generales, con datos para 2021, Los Altos concentró el 67.5% del valor de toda la producción pecuaria del estado, con casi la mitad en cinco municipios: Tepatitlán (14.8%), San Juan de los Lagos (12.5%), Lagos de Moreno (10.5%), Acatic (7.1%), y Arandas (4.8%)^[10]. Esto es una de las columnas vertebrales que sostiene a Jalisco como lo que desde las autoridades estatales se ha dado en llamar el “gigante agroalimentario” del país. En 2022, el estado tuvo el mayor aporte al PIB nacional del sector primario, con el 13%^[11].

Esta actividad pecuaria es altamente dependiente de la importación de granos y semillas como alimento animal, aunque en la región hay una producción importante de maíz grano y forrajero. Tras la liberalización de los mercados para las importaciones de granos, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la entrada de granos en particular de Estados Unidos ha sido un sustento de la producción pecuaria en México.

Foto: Expansión del cultivo de agave en el territorio. Crédito: Jorge Alberto Cruz. Fecha: 17/jul/2024.

En Los Altos, en 2023 se sembraron 288 mil hectáreas de maíz forrajero en verde y maíz grano, cubriendo 76% de la superficie agrícola de la región. Otro cultivo importante y cuyos impactos al entorno son resaltados por diversos actores entrevistados es el agave, que cubrió 33 mil hectáreas en 2023. Los municipios de Arandas, Tepatitlán y el vecino Atotonilco El Alto cuentan con importantes destilerías tequileras y una historia más larga de cultivo del agave. Sin embargo, ya la incursión del cultivo en muchos otros municipios de la región ha causado deforestación, contaminación de bordos y presas por agrotóxicos y fertilizantes, y ha provocado que se escasean las tierras disponibles para el cultivo de maíz o se aumentan los precios de renta de las mismas.

Foto: Área de riego en el municipio Lagos de Moreno. Crédito: Jorge Alberto Cruz. Fecha: 17/jul/2024.

Otro cambio importante que revelan los datos oficiales es un rápido aumento en la superficie regada en la región. Entre 2010 y 2016 se regaban un promedio de 58 mil hectáreas en Los Altos. Esto subió a un promedio de más de 82 mil ha entre 2017 y 2023. Los aumentos más notorios se dieron en los municipios semi áridos de Altos Norte: Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos, Teocaltiche y Ojuelos. Esto puede deberse al aumento en las sequías y el cambio del clima, y es en base mayormente a la extracción de agua subterránea. ¿Cómo y quiénes tienen acceso a ese recurso base de la actividad económica de la región? Tratamos de descifrar algunos de los datos oficiales y experiencias de usuarios de la región en la siguiente sección.

Para acercarnos a la realidad de los usos y el acceso al agua en la región, analizamos las concesiones de agua superficial y subterránea en los 17 municipios de Los Altos que se ubican mayormente en la Cuenca del río Verde. Este análisis permite detectar algunos patrones de acaparamiento del agua. Aunque las concesiones, como ya se ha advertido, no necesariamente son un reflejo fiel de las extracciones del agua, sí ayudan a entender las relaciones de poder en torno al agua, no sólo desde cómo está repartida el agua, sino también las formas de acceso a las concesiones mismas.

A grandes rasgos, en los diecisiete municipios la Conagua ha emitido concesiones para un volumen total de 899 millones de metros cúbicos (Mm³) anuales, con un 70% de ese volumen siendo para agua subterránea. Del agua superficial, el 45% del volumen concesionado corresponde a una sola concesión por un volumen anual de 119.8 Mm³ (3.8 m³/s) de la Presa El Zapotillo emitida a favor del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León. Esta concesión evidentemente queda inutilizada en el escenario actual de la presa. El volumen prometido para el AMG de Zapotillo es de 2.0 m³/s, y está en trámite una concesión para un volumen anual de 94.6 Mm³. Del otro 148 Mm³ concesionadas de agua superficial en los diecisiete municipios, el 69% es para uso agrícola y el 31% es para uso público urbano. Esto último incluye una concesión por 25 Mm³ a favor de la Comisión Estatal del Agua de la Presa El Salto (para el AMG).

Figura 6: Agua concesionada en los 17 municipios

Anexo con análisis de datos de concesiones registradas en el REPDA para 17 municipios de Los Altos de Jalisco

Un volumen mucho mayor de agua subterránea está concesionado, 631 Mm³, un 89% para uso agrícola (que incluye uso pecuario), un 8% para uso público urbano (incluye un volumen menor para uso doméstico), y el 3% restante para uso industrial o servicios. En diversos municipios el agua para la agricultura suma más del 95% del agua subterránea concesionada.

Tabla 1. Volumen y uso de agua subterránea concesionada en 17 municipios de Los Altos

Para las aguas subterráneas la Conagua ha otorgado 6,431 concesiones en los 17 municipios, el 24% de las concesiones de agua subterránea en el estado y que permiten la extracción del 24% del volumen total autorizado a nivel estatal^[12].

Como punto de partida para poder detectar posibles procesos de acaparamiento de derechos, se hizo una sistematización por municipio de los titulares que tuvieran concesionado un volumen mayor a 200,000 m³ anuales, ya sea en un solo título o distribuido en diferentes títulos. Para todos los titulares detectados con este volumen mínimo, hicimos un rastreo en el Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía, que arroja las razones sociales de las que es socio/a una persona física, así como la oficina registral en donde se registró esa razón social^[13]. Al cruzar la información, detectamos los verdaderos grandes usuarios de la región.

Para ejemplificar, una de las empresas más grandes de la región es Proteína Animal (PROAN), con sede en San Juan de los Lagos. El dueño, Manuel Romo Muñoz, fue identificado por la revista Expansión como el empresario mexicano número 40 en importancia^[15]. Con la información de las nueve razones sociales de las que es socio el dueño de PROAN, identificamos ocho familiares socios de al menos una de esas razones sociales, además de ser socios de otras empresas vinculadas a PROAN (Juan José Romo Muñoz, Ramón Romo Muñoz, Raúl Romo Muñoz, Roberto Romo Muñoz, Carlos Alberto Romo Ruiz, Fernando Romo Ruiz, Luis Ernesto Romo Ruiz, y Manuel Romo Ruiz). Estas nueve personas físicas, además de Proteína Animal como tal, cuentan en conjunto con 75 concesiones en cuatro municipios de la región con un volumen total concesionado de 10,452,068 m³/año.

Tabla 2. Volumen y número de concesiones de 17 mayores usuarios del agua en 17 municipios de Los Altos de Jalisco

Más allá de la información consignada en las concesiones de Conagua, es importante entender la dinámica de acceso a las mismas concesiones, a través de lo que se ha llamado el mercado negro de concesiones. En 1987, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que estableció “veda por tiempo indefinido para el alumbramiento, extracción y aprovechamiento de las aguas del subsuelo en todos los Municipios del Estado de Jalisco” (DOF, 7 de diciembre de 1987).

Los 17 municipios analizados cubren áreas de quince acuíferos administrativos de Conagua, de los cuales, en 2023, once estaban catalogados con déficit (volumen concesionado más descarga natural comprometida mayor a la recarga anual) (DOF, 9 noviembre 2023). El déficit sumó 147.3 Mm³ anuales en los once acuíferos en 2023.

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Desde la experiencia de usuarios entrevistados, la única forma de acceder a una concesión nueva es por medio de la compra de una concesión, o formalmente la transmisión parcial o total de los derechos de otro usuario con una concesión en el mismo acuífero. En la zona de San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, los usuarios indican que el costo de una concesión oscila entre diez y veinte pesos el metro cúbico, y es común que intervienen los gestores o “coyotes” tanto para ahorrar tiempo de los trámites y traslados a Guadalajara, como porque son quienes saben de las concesiones en venta.

Descritos por un usuario agrícola como “personas que están en contacto con los de las oficinas,” a través de ese contacto, “de repente les dicen, ‘Oye, hay un permiso para esto.’ Y ellos ya […] saben quién les aporta más dinero a ellos como gestores, como coyotes.” Esto de saber quién les aporta más contribuye a los procesos de acaparamiento. Al mencionar los mayores productores de su municipio, un usuario explica, “ellos no batallan nada para sus permisos, porque tienen contactos en todas las concesiones de Conagua, donde liberan metros cúbicos, ¿quién los agarra primero? […] las empresas grandes.”^[14]

“Es muy curioso,” dice un usuario de Los Altos, “que muchos de los exempleados de Conagua, que han tenido puestos importantes o de segundo, tercer nivel, se conviertan en gestores, o en coyotes.”^[16] Varios (ex)funcionarios de Conagua describen el funcionamiento de este coyotaje en términos de “redes” que involucran tanto a gente adentro como afuera de la institución.

Foto: Vaca y al fondo corrales para cría de cerdo en Tepatitlán. Crédito: Xavier Romo Arias. Fecha: 22/jul/2024

El marco legal de las concesiones, consignado en diversos artículos de la Ley de Agua Nacionales, ha generado estas contradicciones en donde, en palabras de un funcionario de Conagua, “todos sabemos que obvio que nadie va a ceder su título de concesión a título gratuito, pero nunca se va a establecer ahí [en la cesión de derechos] una cantidad porque está fuera de la ley.”^[17]

Otro exfuncionario define el sistema que existe en torno al acceso al agua como una corrupción en los niveles micro, meso y macro. El nivel micro implica, afirma, “gente adentro que identifican dónde hay oportunidades para obtener concesiones; a nivel meso, toda la manipulación del sistema de cómputo, que maneja las concesiones, y a nivel macro, cosas como la Ley Federal de Derechos y la publicación de las disponibilidades [de los acuíferos] en el Diario Oficial de la Federación.”^[18]

Con relación al sistema de cómputo, específicamente el Repda, otro exfuncionario advierte, “la base de datos del Repda siempre ha estado mal hecha […] yo al principio decía ‘son muy brutos.’ […] Yo pensé que era por tarugos, pero me doy cuenta que era intencional, porque así escondes todas las tranzas.”^[19] La información del Repda suele ser incompleta, incluir ubicaciones erróneos de pozos y no definir las vigencias de las concesiones. Al mismo tiempo, los rezagos en los trámites, que alientan los pagos para agilizar las transmisiones, son otra parte del “business.”

Foto: Casetas avícolas en Los Altos. Crédito: Jorge Alberto Cruz. Fecha: 17/jul/2024

Cuando son transmisiones parciales, surge otro problema, que tiene que ver con la falta de inspección y vigilancia de las extracciones. En las palabras de un usuario: “lo único que hacen que pues, tengo yo 10,000 [metros cúbicos], te vendo 5,000 y tú sigues. […] A mí no me perjudica nada. Porque desgraciadamente para buena suerte no nos están midiendo el agua.” Como no se presenta la autoridad, “tú tienes muy pocos metros cúbicos [concesionadas] y a veces no hay límite de explotación del manto acuífero.”

Ante la ausencia de la autoridad, proliferan los pozos no registrados, aunque tener una concesión es requisito para acceder a la tarifa 9 de la Comisión Federal de Electricidad, una tarifa subsidiada para el riego agrícola. Sin embargo, hay maneras de esquivar este problema. Uno es conectar un pozo registrado con otro que no lo está, como explica un productor:

Tú haces tu pozo y luego metes tu línea, porque tienes que tener permiso de todo para poner la luz eléctrica. […] Entonces, tú de ese pozo, haces otro acá, te llevas tu línea enterrada. […] Aunque el mismo cobro te llega el recibo de acá, del medidor, pero tienes tu pozo que no lo tienes visible. Entonces tú estás trabajando dos pozos a la vez con un solo permiso.^[20]

Esto mismo comentaba otro productor; “de uno hacemos dos,” dijo, aunque con la preocupación actual de que “ni entre los dos nos da.”^[21]

Esta preocupación, de la baja en los niveles de agua subterránea e incertidumbre del acceso al mismo, se vincula de nuevo con los proceses de acaparamiento. “Hacer un pozo vale tres mil pesos el metro [de perforación] por 400 metros, y no sabemos si hay agua,” afirma otro productor grande. Si no hay agua, dice, “Un millón o millón y medio de pesos, ahí nomás. Es como estar en Las Vegas y estar apostando y a ver qué pasa, es lo mismo.”^[22]

Si encuentra agua luego se suma el costo de la concesión, “hay que ir a comprar un permiso, un permiso vale, el metro cúbico vale, no sé, veinte pesos. ¿Cuántos metros cúbicos va a sacar al año? Por veinte pesos, es lo que vale el permiso.”^[23] Los costos y la incertidumbre son altos.

Foto: Rancho abadonado en Los Altos. Crédito: Cindy McCulligh. Fecha: 17/jul/2024

Un productor pequeño explica que los pequeños no pueden acceder a la tecnología de perforación más costosa y veloz (perforadores rotarios) y que si no encuentran agua no hay más recursos que “apostar.” Hablando de las grandes empresas, comenta: “Escarbaron trescientos metros, perdieron 900,000 pesos. ‘No hay problema, escarba otro.’ ¿Tú crees? Uno de poquitero, escarbaste 200 metros, ya se fueron 220,000 pesos, ya no te dio agua, ¿ya de dónde sacas otros 220,000 pesos para hacer otro agujero?”^[24]

Las profundidades a las que hay que perforar y bombear aumentan mientras los caudales disminuyen en diversas partes de la región. Quienes pueden acceder al agua en estas circunstancias parece ser cada vez más quienes pueden sufragar los costos de nuevas perforaciones y nuevas concesiones.

El proyecto de la Presa El Zapotillo se anunció en 2005 como obra para el abastecimiento de León y para Los Altos. La manifestación de impacto ambiental (MIA) inicial mencionaba un abasto para municipios de Los Altos de 1.8 m³/s.

Aun así, desde el principio quedaba la incertidumbre de esa provisión de agua en varios sentidos: ¿Cuáles municipios serían beneficiados con el suministro de agua? ¿Cómo llegaría el agua a esas cabeceras municipales? ¿Qué cantidad de agua llegaría para suministrar en cada municipio? ¿Qué calidad tendría el agua de la presa y a qué costo se potabilizaría?

La MIA inicial de 2006 afirma que se beneficiaría a 225,000 habitantes en Los Altos y hace mención de nueve y luego once localidades de Los Altos (Jalostotitlán, San Miguel El Alto, San Julián, San Juan de los Lagos, San Diego de Alejandría, Lagos de Moreno, Unión de San Antonio, Teocaltiche, Cañadas de Obregón, Mexticacán, y Yahualica de González Gallo). Esa MIA establecía con claridad el acueducto de 135 km a León, pero con relación a Los Altos indicaba únicamente que habría: “infraestructura complementaria para la interconexión a tanques de regulación en los poblados beneficiados en Jalisco, el agua a utilizar será de las poblaciones cercanas y se transportará por medio de pipas”.^[25]

Posteriores publicaciones de la Conagua agregaron las cabeceras municipales de Villa Hidalgo, Encarnación de Díaz, y Valle de Guadalupe, para hablar de un beneficio de la presa para 350,000 habitantes en catorce municipios con el mismo volumen de 1.8 m³/s.^[26] Esos documentos, los “libros blancos” de la presa, explicaban que habría puntos de entrega a los 14 municipios, dejando incierto el desarrollo futuro de la infraestructura para la conducción de los caudales.

Imagen: Plaza en la cabecera municipal de Valle de Guadalupe. Crédito: Cindy McCulligh. Fecha: 31/mar/2023.

Asimismo, la planta potabilizadora incluida en el proyecto del acueducto estaba propuesta para un caudal de 3.8 m³/s para León, con la mención de que tendría “una capacidad futura de 5.6 metros cúbicos por segundo, ya que se contempla en una segunda etapa, abastecer de agua a 14 municipios de Los Altos de Jalisco”.

La inexactitud y carencia de la información se reconoce en entrevistas con directivos de agua potable y alcantarillado de la región, que supuestamente recibirían agua de la presa. Como afirma un directivo de un municipio incluido como beneficiario desde el principio, “Para tu servidor o para el encargado del agua […] fue muy poca la información que llegaba. De hecho, eran más de repente los rumores que llegaban de gente, ‘Oye, que van a hacer esto o lo otro.’ Lo oficial fue muy poco, prácticamente nulo.”^[27]

La falta de información se extendía a la calidad del agua a recibirse, originando rechazo en algunos municipios de la región. En Lagos de Moreno, por ejemplo, un directivo narra que, “en ese entonces se manejaba que nos iban a dejar un tubo, una tubería grande de donde iba a pasar hacia acá, pero desafortunadamente después se nos dijo que el agua iba a estar sin tratamiento, que teníamos que tratarla aquí.” Ante este panorama, el agua de la presa “ya no fue tan atractivo al municipio, como decir, ‘Si me vas a dar el agua, pero me las das sucia, ¿de qué me sirve?’ Y después ya tantos cambios, que sí y que no, y que a final de cuentas ya se quedó en nada.”^[28]

El agua para Los Altos era parte de la justificación de la presa El Zapotillo, al afirmar beneficios para la región. Sin embargo, al revisar las inconsistencias en los documentos oficiales y la omisión de la información oficial en la región alteña, no queda claro cómo se iba a entregar el agua, en qué volúmenes, a qué costos o incluso si era requerida esa agua en todos los municipios enlistados.

Sin ir a fondo de la situación de los servicios municipales del agua en Los Altos, es importante llamar la atención a una problemática poco reconocida por las autoridades municipales o estatales del agua y que no se menciona en los documentos del proyecto El Zapotillo: la contaminación de fuentes de agua subterránea para el abasto público en algunos municipios con contaminantes como arsénico y fluoruros.

Algunos estudios anteriores han señalado los riesgos para la salud pública de la presencia de concentraciones altas de fluoruros y arsénico en pozos de Los Altos de Jalisco.^[29] En los municipios, la Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA) y la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) realizan monitoreos esporádicos de calidad de las fuentes de agua potable, incluyendo análisis de fluoruros y arsénico. Con información recibida de la SSJ para los años 2014 a mediados de 2024, y de la CEA para 2015 a 2022, confirmamos la problemática en diversos municipios.

Debido a que no son análisis continuos en los mismos pozos o siquiera información anual de cada municipio, optamos por señalar los valores máximos detectados en pozos de agua potable en los monitoreos de CEA y SSJ (tabla 3). Incluimos únicamente los municipios donde los monitoreos arrojaron valores mayores a los límites establecidos en la normatividad de agua potable y en más de un monitoreo.

Tabla 3. Valores máximos de arsénico y fluoruros identificados en análisis de CEA y SSJ, 2014-2024^[30]

La norma oficial mexicana para agua potable, NOM-127-SSA1-2021, establece un límite para fluoruros de 1.5 mg/L, que bajará a 1.0 mg/L tres años después de entrada en vigor de la norma para poblaciones con entre 50,000 y 499,999 habitantes, y seis años después para poblados con menos de cincuenta mil habitantes. De igual manera, el límite para arsénico se establece como 0.025 mg/L, pero bajando a 0.01 mg/L en los mismos plazos, para entonces estar en conformidad con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud.

Exposición crónica a concentraciones bajas de arsénico puede causar afectaciones a la piel. La ingesta prolongada de arsénico está asociada a problemas de desarrollo cognitivo, neurotoxicidad, diabetes mellitus, hipertensión y enfermedades pulmonares y cardiovasculares. Además, una exposición prolongada al arsénico aumenta el riesgo de cáncer de piel, vejiga, pulmón y riñón.^[31]

En su estudio de 2005, Roberto Hurtado y Jorge Gardea concluyeron que la población de Los Altos expuesta a concentraciones de fluoruros mayores a 4.0 mg/L “sin lugar a duda están expuestas a enfermedades fluoróticas severas como son fluorosis esquelética, fracturas óseas, cáncer, trastornos gastrointestinales, y alteraciones renales.”^[32] Un estudio reciente del Programa Nacional Toxicológico del gobierno de Estados Unidos encontró que la exposición a niveles altos de fluoruros, por ejemplo mayores a 1.5 mg/L en agua potable, está asociado a coeficientes intelectuales menores en niños.^[33]

La exposición a estos elementos a través del “agua potable” en México es un fenómeno de creciente preocupación por los riesgos a la salud que implica y que, por lo general, no está siendo atendido.^[34] En Los Altos, no hay acción de las autoridades municipales o estatales al respecto. Además, la información que se genera sobre las fuentes de agua potable, y estos contaminantes en específico, es escasa. Para el caso del arsénico, por ejemplo, desde 2020 la Secretaría de Salud no ha realizado ningún análisis de este elemento en pozos de los 17 municipios analizados de Los Altos, según información recibida de la institución (tabla 4).

Tabla 4. Años en que la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco realizó análisis de arsénico en fuentes de agua potable municipales

En este contexto, los riesgos para la salud pública deben ser analizados para tomar las medidas necesarias para mitigar los riesgos para la población y asegurar el acceso a agua potable de calidad.

El proyecto de la Presa El Zapotillo desestimó los usos y necesidades del agua en la región de Los Altos, al priorizar el abasto a dos grandes conurbaciones urbano-industriales. Adentrándonos en Los Altos, vemos un sector de producción agropecuaria intensiva en donde existen procesos de acaparamiento de derechos de agua y, más allá de los derechos formales, costos crecientes para acceder a agua subterránea, al bajarse los niveles de bombeo. Esto constituye una barrera de acceso a este recurso para los productores agropecuarios pequeños.

Imagen: Don Luis Villegas de la comunidad de Acasico. Crédito: Loreto Irene Soto Rivas. Fecha: jun/2024.

Así, las políticas que crearon el mercado de concesiones de agua llevan a sus consecuencias lógicas, de transferencia de derechos de pequeños productores agrícolas hacia grandes usuarios agrícolas e industriales. Al mismo tiempo, en Los Altos como otras regiones, el cambio del clima, creciente calor y sequía, son también realidades que ya están alterando las actividades agropecuarias.

Imagen: Laguna en el municipio Lagos de Moreno. Crédito: Cindy McCulligh. Fecha: 17/jul/2024.

Al pensar el agua para el futuro de la región, un punto ciego de las autoridades municipales, así como estatales y federales, es la creciente contaminación geogénica de las fuentes de agua potable en diversos municipios.

Imagen: Ganado bajo sistema de ganadería regenerativa en Rancho Pueblo Viejo, municipio de Tepatitlán. Crédito: Cindy McCulligh. Fecha: 22/jul/2024.

Imagen: Río Verde en la comunidad de Acasico. Crédito: Sofía Chávez.

Imagen: Becerra en la Escuelca Nacional de Lechería Sustentable, municipio de Zapotlanejo. Crédito: Cindy McCulligh. Fecha: 16/oct/2024.

Con esta plataforma buscamos aportar al creciente interés desde organizaciones civiles, grupos comunitarios e investigadores/as acerca de las relaciones de poder que atraviesan el acceso al agua subterránea y abogan por un cambio que garantice la equidad y protege la salud de la población.

Imagen: Técnica de Keyline para infiltración de agua. Crédito: Xavier Romo Arias. Fecha: 22/jul/2024.

En Los Altos, diversos actores y productores agrícolas también están en la búsqueda de formas de producción que cuidan el suelo, los ecosistemas y que captan y aprovechan sanamente los recursos hídricos. Algunos testimonios en video que compartimos aquí dan cuenta de estas iniciativas y esta búsqueda. De esta manera, abren la discusión en torno a la sustentabilidad e implicaciones a futuro de los modelos de producción agroindustrial intensivos en el uso del agua. El ejemplo de las y los activistas de Temacapulín, Acasico y Palmarejo también nos invita a un diálogo para conformar políticas y acciones que garanticen la equidad en el acceso al agua y protejan la salud de la población.

Imagen: Mural en Temacapulín “Con agua todo, sin ella nada”. Crédito: Anahí Copitzy Gómez. Fecha: 16/oct/2022.

Referencias consultadas

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Créditos

Textos: Cindy McCulligh y Brenda Sofía Chávez Vázquez.

Cartografía: Iván Martínez Zazueta y Jorge Alberto Cruz Barbosa.

Diseño de geohistoria: Iván Martínez Zazueta.

Realizado con financiamiento del Proyecto PRONACES CONAHCYT número 321377 denominado Diagnóstico, identificación y análisis de los impactos y afectaciones ocasionadas por la Presa El Zapotillo y la elaboración conjunta de una estrategia de resarcimiento

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